Perlas de la revolución:
« Sandra Cañizales acudió la semana pasada a una agencia de MRW para consignar un paquete de kilo y medio a casa de sus padres en Apure. Además del precio del envío se encontró con la sorpresa de que debía cancelar a Ipostel un impuesto de Bs 1.800.
La usuaria se negó a cancelarlo y se preguntó por qué debía pagar impuesto a un ente del Estado cuando estaba contratando los servicios de una empresa privada.
La explicación a esta usuaria y para quien use a partir de ahora el transporte expreso es que el Tribunal Supremo de Justicia dictó en agosto una medida que exige el cobro de franqueo por la prestación de servicio de correspondencia hasta de dos kilos.»
Eso es como si al comprar un Ford, Mitsubishi pudiera obligarte a pagarle un recargo, simplemente porque no le compraste a ellos.
¿Qué sucedería si las compañías privadas intentaran hacer lo mismo que
Ipostel hace con las compañías de correo privado?
¿Con qué derecho el gobierno te obliga a pagarle, incluso cuando evidentemente has decidido no utilizar sus servicios?
Vía
TalCual.